Los artículos relevantes de la LUC, los vecinos complicados, la brecha del dólar, las reformas que vienen y más

El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo habló en entrevista con El País de la situación de los vecinos, la temporada turística con una brecha cambiaria como nunca, lo relevante de la LUC y más.


¿Cuál va a ser el contexto internacional para Uruguay en 2022? ¿Qué va a pasar con vecinos complicados como Argentina y Brasil? ¿Qué artículos son -a su juicio- los más importantes de la ley de urgente consideración (LUC) que están sometidos a referéndum? ¿Cuáles reformas debe procesar Uruguay? De estos y otros aspectos, habló el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo en entrevista con El País.

-En la presentación que hizo en Ceres semanas atrás, señaló que el contexto internacional será menos favorable el próximo año, pero que todavía sigue siendo un escenario bueno para Uruguay, ¿qué es lo más destacable?

-Hay que mirar con mucha atención lo que está pasando en Estados Unidos y esta vorágine diaria, con la discusión de si la inflación es permanente o transitoria y la pulseada tirándose más a que es algo permanente. Eso tiene consecuencias, porque una suba de tasas de interés más rápida de lo esperado (para combatir la inflación) ajusta muchas variables internacionales, empezando por ver cómo rebota la tasa de la Reserva Federal en la de bonos de EE.UU. a 10 años. También hay que estar atentos a cómo impacta en el precio de los commodities, porque la evidencia muestra que cuando hay suba de tasa de interés, hay impacto a veces negativo con el precio de los commodities. Hay que ver entonces que la conjunción de factores, porque este año se alinearon los astros con tasas negativas en términos reales y subas muy importantes en todos los commodities relevantes para Uruguay, y no es obvio que eso se pueda replicar el año que viene.


-La región está complicada, con Argentina y Brasil con problemas fiscales y de inflación, de distinta magnitud, ¿qué evaluación hace?

-Empezando por Brasil que tiene un problema también de desaceleración marcada, con la actividad económica prácticamente planchada y se espera para el año que viene un crecimiento nulo. Hay un año electoral y por eso hay una especie de desesperación de tomar medidas por parte del gobierno, poniendo en jaque la credibilidad macroeconómica del propio ministro de Haciendo Paulo Guedes. La discusión en Brasil es cómo hacer para saltearse el tope constitucional que se votó en el año 2016 para que el gasto público no crezca más que la inflación, para subir los gastos. Se está lanzando el programa Auxilio Brasil que es “la versión Bolsonaro” del programa de Lula, Bolsa Familia, que va a llegar a 700.000 familias más con un 20% más de dinero. Es una apuesta fuerte, cuestionada por los mercados, porque los números (para la elección) no le dan. Además el salario real ha caído 9% en un año y el desempleo está en 13%.

-¿Y del lado de Argentina?

-Hay una situación de una enorme incertidumbre. Lo que determinaron las elecciones legislativas fue una tranquilidad de que Argentina no va a entrar en una autarquía financiera de saldos impagos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero eso no quiere decir que automáticamente vaya a generar políticas alineadas con mayor inversión. Hoy vemos una combinación de políticas heterogéneas y una restricción fiscal necesaria e inevitable para llegar a ese acuerdo, en el marco de una responsabilidad diluida del actual gobierno con el resto del sistema político, porque hábilmente se instituyó que el acuerdo con el FMI tenga que pasar por el Parlamento y dado que el gobierno no tiene mayoría, se va a tener que votar con parte de la oposición. La única realidad es que Argentina tiene que pagar US$ 22.000 millones al FMI el año que viene y Argentina tiene reservas líquidas por US$ 5.500 millones. No le queda otra que arreglar. Pero Argentina busca plazos y tasas mucho mejores que los que ofrece habitualmente el FMI. Va a haber incertidumbre, pero se nota cuando uno habla con inversores que la cortina estaba cerrada y ahora hay una rendijita abierta. Es un cambio mínimo de expectativas.

-La brecha cambiaria entre Uruguay y Argentina está en máximos históricos, ¿esto puede empeorar de cara al turismo el año próximo?

-El turismo tiene el gran desafío de atraer a los visitantes de Argentina y Brasil con una diferencia cambiaria jamás vista. No hay registro de una diferencia tan grande de precios. Nuestros números muestran que el desequilibrio cambiario en términos reales respecto a los niveles históricos es de 56% con respecto a Argentina y 42% con respecto a Brasil. Cuando uno ve los números de la cantidad de argentinos que entra a Uruguay, el pico fue en 2018 que entraron 1.200.000 argentinos en el primer trimestre, en 2019 ya con un tipo de cambio mucho menos favorable entró la mitad, el gobierno espera para este año un 70% de eso, serían entre 400.000 y 500.000 argentinos que vendrían al verano y unos 100.000 brasileños. No es un mal número comparado con la nada que fue el primer trimestre de este año. Eso ya pone un piso de crecimiento económico en el primer trimestre de 2022 relevante y que ayuda a que tengamos buena perspectiva de crecimiento en la economía uruguaya y que compartamos las principales visiones de mercado y de los analistas de una expansión por encima de 3% para el año que viene. Más allá de este contexto internacional y regional complicado, Uruguay tiene muchos aspectos que ya están jugados, por ejemplo toda lo que viene de la mano de la obra de UPM que va a tener su pico de actividad en el primer semestre del año que viene, con 6.000 empleados en la obra y el pico de inversión. Va a estar este escalón que va a dar el turismo y el sector agroexportador que está teniendo muy buenos resultados. El año próximo vamos a tener un buen año internamente, el crecimiento se va a sentir y vamos a tener un mercado de trabajo que va a recuperarse.


-Mencionó en su exposición en Ceres semanas atrás a la apertura comercial como la más importante de las reformas. ¿Qué otro tipo de acuerdos comerciales implica más allá del TLC con China?

-Toda la exposición estuvo basada en que 2022 es un año bisagra, y hay varios analistas que ven lo clave del año 2022. Es el año post pandemia y el último clave previo al ciclo electoral. La actividad económica va a crecer, eso está jugado, pero hay que tomar decisiones para el mediano y largo plazo y que ese crecimiento que se va a ver en estos años pueda continuar y se pueda generar un ciclo expansivo de mediano y largo plazo. Ahí es donde aparece, para mi, lo más importante del año que viene y que es concretar el TLC con China. La pelota la tenemos nosotros: está el arco, está el penal y hay que hacer el gol el año que viene. Los beneficios son mucho más grandes que los costos. No ha cambiado mucho la realidad de los sectores que potencialmente se iba a ver afectados hace cinco años cuando se habló (en el gobierno de Tabaré Vázquez) de la posibilidad de un TLC con China, con la protección que siguió estando a nivel tarifario, porque esos sectores perdieron empleo sin el TLC. Hay una exageración del costo potencial de un TLC con China. Hay algunos aspectos centrales en la negociación de cualquier TLC moderno que justo en el caso de China pueden quedar a un costado. Me refiero al trato igualitario a locales y extranjeros en compras públicas, la desregulación de mercados en empresas públicas y la adhesión al tratado de cooperación de patentes, que hay un sector muy importante de la industria química y farmacéutica de Uruguay que se podría ver perjudicado. Esos son tres temas que están en los TLC modernos y en el caso de China no creemos que vaya a ser un problema. Uruguay tiene que avanzar con China y pedir ya mismo la adhesión al Acuerdo Transpacífico ampliado (Cptpp, por sus siglas en inglés), que están las puertas abiertas y Uruguay tiene una alta probabilidad de no ser vetado. Pero en este caso piden esos tres aspectos que son tabú en Uruguay. Basta ver el documento aprobado en 2018 por el Plenario del Frente Amplio que dice que hay reservas las compras públicas como mecanismo de estímulo al desarrollo nacional. Esto no se puede si se adhiere al Cptpp. Creo que no debería ser un freno para ir. Dado que esto existe, hay que ir ya mismo a presentarse al Cptpp, no se puede mirar para el costado. Por eso hablaba de la apertura comercial como la madre de todas las reformas.

-¿Por qué?

-Porque implica cuestionar estos temas que son tabú en Uruguay, implica mucho más que hacer un TLC con China, implica tratar de entrar al Pacífico, avanzar en otros mercados como Medio Oriente donde no se necesita TLC y avanzar más con EE.UU. y con quien sea. Uruguay necesita mejorar su inserción internacional. Este gobierno ha marcado un rumbo que tiene que concretarse en los hechos y ahí está el detonante de la agenda postergada desde hace mucho tiempo de reformas que el país tiene que procesar para poder competir. Esa es la lógica. Desde que el gobierno anunció la intención de firmar un TLC con China, hay muchas empresas de la región que están viendo a Uruguay para instalarse y empiezan a hacer números. Esos números a veces son prohibitivos y hacen que ese interés inicial, no se concrete porque no da la ecuación, porque los costos son importantes, como el de las tarifas públicas. Se discute mucho en Uruguay sobre el mecanismo de fijar las tarifas públicas, pero cuando se ven los números más allá de si hay “factor X” o no, Uruguay está en materia de energía eléctrica en residencial el doble del promedio de países de la región, la industrial 28% más, el gasoil 22% más y la nafta 45% más. Acá se discute si se debió aplicar la regla de la LUC o no, pero estamos muy caros y lo único que importa es tener tarifas más competitivas. Acá se pone el mecanismo por encima del fin.


-Esa apertura comercial trae aparejadas otras reformas como la educativa y la laboral, pero hay varios analistas que dicen que el gobierno no tomó las propuestas más relevantes de Eduy21 para la reforma educativa, por ejemplo.

-Es un gran tema. Me he preocupado de estudiar a fondo los 135 artículos de la LUC bajo cuestión y he llegado a la conclusión que los 34 artículos que se refieren a la educación son los más importantes. Hay que discutir porque hoy se está hablando otra cosa que no tiene nada que ver con lo que dicen esos artículos. No quiere decir que el resto no sea importante, pero ahí se juega la continuidad de un proceso que se inició en el año 2016 con la creación de Eduy21 a cargo de los principales referentes en educación de todos los sectores, que presentaron un documento en 2018 en el Palacio Legislativo donde estuvieron presentes representantes de casi todos los partidos, incluyendo parte del Frente Amplio, para apoyar el documento. El documento mostraba lo que a nivel internacional se está haciendo en materia educativa, para arreglar un sistema que da muy malos resultados y hace tiempo que sabemos que los resultados son tremendamente negativos para el país. Hay infinidad de números, pero que solo el 16% de la población del quintil de menores ingresos termine Secundaria es un número muy fuerte. Que tengamos ratios de insuficiencia de cerca del 60% del total, de todos los contextos, que no pueden cumplir con los mínimos estándares, pero mínimos, mínimos, que se ponen a nivel internacional a través de las pruebas Pisa, y que esto sea sostenido desde 2003 y que los docentes uruguayos sean los menos titulados del mundo, con solo 53% de los profesores certificados. A nivel mundial es el 83% y en América Latina, que es de las peores regiones, es el 70%. Hay una necesidad urgente de cambios, se viene hablando hace mucho tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Nada.

-Entonces, ¿cuál es la importancia de la LUC en esto?

-Hay un proceso que puede gustar más o menos, que se ha trabajado durante muchos años, que se presentó en 2018 y que muchas de esas propuestas están en los programas de los cinco partidos de la coalición multicolor y parte en el programa del Frente Amplio, eso vino de la mano de los 34 artículos de la LUC. En el marco de esos artículos se presentó algo muy importante, que es el Plan de Política Educativa Nacional 2020-2025, que por primera vez se compromete el gobierno de turno ante el Parlamento a resultados concretos, que va a permitir decir si se fracasó o se cumplió con lo prometido, entre otras cosas a mejorar los resultados en las pruebas Pisa. Hay cinco categorías en ese plan, que están en los pilares de conformación de Eduy21. Podrán decir que faltan cosas, que en los 34 artículos de la LUC no están, pero hay que ir al plan y ahí están las cosas a las que se compromete. Me gustaría que la gente que cuestiona esto, vaya al Plan de Política Educativa Nacional y diga que falta ahí. Me duele como ciudadano que vengo hablando hace tiempo de la importancia de la reforma, que pueda quedar trunco un proceso que se inició hace varios años, por una discusión que no tiene que ver con lo que está en juego. Y esto se lauda el año que viene también, porque puede ser un palo en la rueda en un proceso sano, de discusión profunda durante muchos años y que todavía no está ejecutado. Lo que la LUC permite es ejecutarlo, asigna una responsabilidad, un poder.


-Pero algunos dicen que falta lo más importante que propone Eduy21 que es el cambio curricular entre 3 y 14 años.

-Eso es parte de la ejecución. Eso lo resuelven los organismos de la educación y lo que plantea la LUC es cambiar el poder de los organismos, para que esos cambios puedan aprobarse y no se tranquen. Ese es uno, pero no creo que sea lo más importante. Acá lo más importante es que haya autonomía de gestión en los centros educativos, que haya instancias de involucramiento de las familias y la comunidad en los proyectos educativos. Eso está testeado en el mundo y es lo que funciona. Ese cambio curricular no es lo que está testeado que en el mundo funciona. Es fundamental que el docente esté motivado. El 35% de los directores dice que no tiene docentes preparados.

-Y en la reforma laboral, ¿qué propone?

-La reforma laboral es un tema central y es complejo por donde se lo mire. Escucho a las empresas locales e internacionales y escucho a analistas del resto del mundo y todos dicen que Uruguay tiene un sistema laboral de otra época que hay que aggiornarlo. Este gobierno está yendo en etapas con cambios en la regulación. Lo primero que se hizo fue lo que está en la LUC: solucionar el problema de las ocupaciones y de paso también se incluyó el tema de los piquetes para el acceso. Eso está en cuestión (por el referéndum). Si alguien dice “si uno ve la cantidad de ocupaciones que hay en Uruguay, es irrelevante”. Bueno, eso es lo de menos, acá lo importante es el poder de negociación que da la posibilidad de ocupar con todo el costo asociado que tiene eso y pocas veces se llega a eso porque antes se tranzó. Es importante que no se de una herramienta que viola aspectos centrales de la libertad de trabajo y de la propiedad. No se puede dar una herramienta de negociación a ninguna de las dos partes que viole principios que están en un nivel superior. También se ha avanzado, y acá con reparos desde mi punto de vista, en una ley de teletrabajo que creo tiene inconvenientes cuando uno la va a aplicar. Hablando con personas que se están enfrentando a la nueva regulación el problema que tenemos es que no son solo teletrabajadores o solo trabajadores de oficina, hay mucho híbrido y ahí se genera un gran problema en cuanto a la regulación de cuánto tiempo se teletrabaja y cuánto no, qué requisitos hay que poner. Esos son costos al fin y al cabo. Alguien podrá decir que esos costos son para asegurarle al trabajador determinadas condiciones de trabajo y beneficios que no se pueden sacrificar. Es verdad, pero al mismo tiempo eso hace que no se contrate. Hay que asegurar los derechos de los trabajadores, sí, pero si no hay trabajo, no hay derechos. ¿Qué es preferible, la nada o un teletrabajo híbrido y un poco más flexible? El gobierno dijo que hay una agenda pendiente y que hay tres cosas que venimos diciendo hace cuatro años. Uno es la flexibilización de la jornada laboral: tenemos una ley de ocho horas vigente de más de 100 años de aprobada, por tanto hay que revisarla. Y eso implica que las ocho horas fijas por día, se puedan pasar a un horario de acumular en la semana y pasar de un día para otro. La segunda y es más operativa, es modernizar el funcionamiento de los Consejos de Salarios. Hay que revisar la negociación por rama (de actividad), porque genera enormes problemas para las empresas más chicas, ya que se acuerda para todo un rubro y el nivel de heterogeneidad que hay por rama hace imposible poner el mismo ajuste a todos. Hay alternativas de descuelgue, hay excepciones como más dinámicos, menos dinámicos, pero nunca terminan siendo efectivas. Y lo último es las categorías en los convenios laborales, que obliga a una persona a describir las tareas que tiene que hacer y condiciona enormemente la relación laboral, la hace tremendamente rígida y comprometida con una función que muchas veces la realidad impone una flexibilidad que no se puede tener. Lo estudiamos en profundidad en convenios laborales en Dinamarca, y en vez de establecer los procedimientos que tiene la función, se establecen en la categoría las responsabilidades (media, alta, toma de decisiones estratégicas, toma de decisiones básicas) y eso es lo que ajusta el salario más que si tiene que estar dos metros atrás del mostrador atendiendo público de tal hora a tal hora como está escrito en un convenio laboral de comercio. Hay mucho para avanzar en el marco de los Consejos de Salarios. Esto a veces conspira contra lo salarial. Esto es lo que posibilita aprovechar las inversiones que están interesadas en venir al país, pero que se chocan con una estructura armada que no logra adaptarse.


-¿Cómo evalúa la propuesta de reforma jubilatoria?

-Nos parece razonable, muy bien diseñada y orientada, lo único que decimos es que tenemos un sistema complicado que es una acumulación histórica de parches en muchos aspectos, que tiene ineficiencias, heterogeneidades e injusticias. Lo que creo es que no deberíamos, con la intención de tener el sistema ideal, no tener una reforma que vaya al problema central que es que esto no se puede pagar. Lo que determina que esto no se puede pagar es la edad de retiro. La gente ahora vive cinco años más que lo que vivía cuando se aprobó la reforma anterior y los aportes de los activos no alcanzan para pagar cinco años más. El aumento de la edad de retiro y la jubilación parcial es la base central, solo con eso, me quedaría conforme. Sin afectar negativamente, e idealmente fortalecer, el sistema individual de ahorro privado que es la pata central para complementar el sistema público y que a la hora del retiro las personas puedan mantener un nivel razonable de ingresos. Ya con que no se quiera debilitar este sistema y se aumente la edad de retiro, sería un avance. Si abrimos todas las puertas que implican resolver para dejar el sistema perfecto, se puede entrar en un baile que puede terminar sin ninguna reforma. Cuanto más se acerquen las elecciones, más difícil va a ser avanzar.